La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó cargos contra Saúl E. Toro Hernández, de 52 años, por presentar una tarjeta de vacunación contra el COVID-19 falsa para asistir a un evento social del Club Deportivo del Oeste.
El juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra el hombre y le impuso una fianza de $1,000, tras escuchar la presentación de la evidencia por parte de las fiscales, Roxanne Rivera Carrión y Kristia J. Díaz Pérez, quienes realizaron una investigación con el apoyo de la Oficina investigaciones del Departamento de Salud.
Según la prueba presentada por el Ministerio Público, el Club Deportivo del Oeste anunció varios eventos sociales para los cuales era requisito que los socios-participantes estuvieran completamente vacunados y enviaran la evidencia con anticipación.
Sin embargo, el 4 de julio, el sospechoso presentó un reclamo por escrito ante la Junta de Directores del club deportivo, a través de su representante legal, en el que informaba que no estaba vacunado.
Posteriormente, el 16 de julio, Toro Hernández entregó una tarjeta de vacunación «COVID-19 Vaccination Record Card» falsa en la que escribió su información personal y ambas dosis de la vacuna en fechas anteriores a su reclamación. Al percatarse de la información contradictoria, la Administración del Club Deportivo del Oeste alertó al Departamento de Salud, donde el personal de la agencia validó que la información en la tarjeta de vacuna provista por Toro Hernández es falsa, ya que éste no se ha inoculado contra el COVID-19.
El hombre se expone a tres años de cárcel por violar el Artículo 215 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la falsificación de licencia, certificado y otra documentación.
«El fraude es delito y se sanciona con la cárcel. Resulta peor aun cuando, mediante fraude, se actúa irresponsablemente arriesgando la salud y la vida de otros. Toda persona que, con el propósito de defraudar, altere, posea o circule una tarjeta de vacunación, se expone a ser sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años», explicó el director de la División de Delitos Económicos, el fiscal Rodney Ríos.
La vista preliminar quedó señalada para el 18 de octubre de 2021.
